martes, 9 de abril de 2013

Denuncian que hay “un gran negociado” en torno a la concesión de grúas

Cepos en Capital 

El titular de la ONG “No al Parquímetro”, Juan Chavarri, aseguró hoy que existe “un gran negociado”en la Ciudad que se podría profundizarse a partir del nuevo proyecto del PRO de reordenamiento del estacionamiento medido que prevé más parquímetros y el retorno del cepo.
“Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió Juan Chavarri, titular de la ONG.

El Ejecutivo porteño acaba de presentar un proyecto para el reordenamiento del estacionamiento medido que incluye la extensión del sistema de parquímetro a 10 mil cuadras con tarifas simples o progresivas y la vuelta de los cepos para castigar a quienes se hayan excedido en el tiempo abonado para áreas de estacionamiento medido.

“El gobierno de la Ciudad está incumpliendo la ley 4003 que establecía que tenía que llamar a nueva licitación de nuevas concesiones, y si eso no se hacía en el término de un año, se tenía que estatizar el servicio de grúa. Ese plazo venció en noviembre, las empresas siguen operando y cada mes extra que permanecen es mucha plata”, explicó.

Chavarri recordó además que “Macri les aumentó un 84%, en septiembre pasado y por decreto, el costo de cada acarreo, que pasó de 190 a 350 pesos” a pesar de que las empresas incumplen con el pago del “irrisorio canon de 20 mil pesos por mes”, que se viene tomando a cuenta de futuros aumentos.

Además Chavarri puntualizó que también es “ilegal” que las dos empresas concesionarias actúen más allá del macrocentro delimitado por la Avenida Pueyrredón porque “está fuera del contrato original aprobado por la Legislatura” y advirtió que las mismas empresas “tienen a su cargo la señalización horizontal y vertical de estacionamiento, sin ningún control del estado”.

Respecto del retorno del cepo, Chavarri lo calificó como “un retroceso” pues “no funciona ni funcionará en tanto no haya control municipal” y el personal de tránsito designado para operar los vehículos “esté al servicio de las empresas y no del gobierno de la Ciudad”. Télam

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